AJ

En contacto con medios de comunicación el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), Dr. Marco Antonio Sánchez remarcó que de acuerdo a las estadísticas de la institución el pasado 2023 se autorizaron un total de 1.109 promociones empresariales, en comparación a gestiones pasadas es el año con mayor cantidad de autorizaciones desde la creación de la AJ. Informó también que las empresas y negocios entregaron el 2023 más de 503 millones de bolivianos en valor de premios lo que significa una recaudación significativa de ingresos.

“El incremento de promociones es el reflejo de una economía estable y en crecimiento, porque además de que las empresas y negocios incrementaron sus ventas existe una recaudación importante por el impuesto al juego, recursos que van en beneficio de la población boliviana”, declaró el Director de la AJ a tiempo de informar que en los últimos 3 años de gestión el valor total en premios supera los 1.582 millones de bolivianos.

Destacó el desarrollo de promociones por parte de empresas pequeñas que se adecuan a la normativa vigente y solicitan la autorización de la AJ “Nos sentimos muy satisfechos por el trabajo de capacitación y socialización que realizamos pues con ello logramos que nuevas empresas y negocios pequeños comprendan los beneficios que tiene efectuar promociones legales, justas y transparentes”.

Sobre la tramitación para obtener la autorización aseguró que el trámite se puede realizar en línea y que tiempo máximo para otorgarla es de 5 días hábiles, destacó que las oficinas regionales tienen el lineamiento de acompañar a las empresas para que sus proyectos cumplan con la normativa.

Precisó además que la ciudadanía puede verificar las promociones autorizadas en la página web www.aj.gob.bo, la aplicación AJ Móvil, líneas de WhatsApp y redes sociales de la institución y evitar de esta forma caer en estafas.

Las promociones empresariales son reguladas a partir de la creación de la AJ el año 2011 con el objetivo principal de proteger de derechos da la población boliviana a participar en condiciones de legalidad, igualdad y transparencia.